«El poder sin ley es caos». Marco Tulio Cicerón.

¿Tiene la Suprema Corte siempre la razón?

En teoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación forma parte de uno de los tres poderes que conforman el Estado mexicano: el Poder Judicial. La división de poderes tiene precisamente como finalidad evitar la concentración del poder y establecer mecanismos de equilibrio y control entre las instituciones del Estado.

Sin embargo, frente a la realidad política mexicana actual, surge una pregunta que merece ser analizada con seriedad: ¿qué ocurre cuando el Poder Ejecutivo concentra una influencia considerable sobre el Poder Legislativo y, al mismo tiempo, existen cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial?

Históricamente, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo han participado en la creación y ejecución de las leyes y de las políticas públicas, mientras que el Poder Judicial ha desempeñado una función fundamental como garante de la Constitución, encargado de revisar que los actos de autoridad y las disposiciones legislativas se ajusten al marco constitucional y respeten los derechos de los gobernados.

La división de poderes no es un simple principio teórico. Es uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales una sociedad busca evitar que el poder público se concentre en una sola institución o grupo político.

Por ello, si el Poder Judicial deja de ser percibido como un contrapeso independiente, surge una cuestión fundamental: ¿quién protege los derechos de los gobernados frente a los actos de autoridad?

Y si la Suprema Corte llegara a resolver sistemáticamente en favor del Poder Ejecutivo, mientras este mantiene una influencia determinante sobre un Poder Legislativo integrado mayoritariamente por miembros del mismo partido político, ¿qué institución estaría en condiciones de ejercer un verdadero contrapeso al poder?

La cuestión de fondo no debería reducirse a determinar qué poder tiene la razón, sino a preguntarnos si las instituciones cuentan con la suficiente independencia para limitarse unas a otras cuando sea necesario.

Porque en un Estado constitucional, el poder no debería estar por encima de la ley. Al contrario: es precisamente la ley, y sobre todo la Constitución, la que debe establecer los límites al ejercicio del poder.

La pregunta, entonces, permanece vigente:

Si nadie puede estar por encima de la ley, ¿quién se encarga de vigilar a quienes ejercen el poder?